«No hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas». Así lo afirmó la ministra de Sanidad, Ana Mato, la primera y hasta ahora única vez que acudió al Congreso a explicar su reforma del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los datos recopilados por numerosas plataformas contradicen su versión.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) publicó un informe [ver pdf] en el que se ponía de manifiesto que el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al copago farmacéutico. La Defensora del Pueblo denunció que las reclamaciones se habían triplicado y pidió a la ministra que garantice «el acceso efectivo a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares». Y otros colectivos como la Federación Española de Enfermedades Raras y la Asociación Española contra el Cáncer han alertado también de los peligros que conlleva la reforma del Gobierno para la salud de estos pacientes.
En algunos casos, a los «ahorros» en Sanidad se unen también a los recortes en Dependencia. «Cuando María Dolores de Cospedal llegó al Gobierno, a mí me rebajaron un grado de dependencia. Ahora, cada tres meses intentan quitarme la discapacidad y tengo que estar peleando para que no lo consigan», relata J.C., un hombre de 37 años que reside en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha y que prefiere no identificarse más porque aún está litigando para que le reconozcan sus derechos. Tras sufrir varias enfermedades consecutivas, J.C. lleva desde los 25 años obligado a pasar la mayor parte del tiempo postrado en una cama.
Como enfermo crónico que es, así como por su nivel de renta, J.C. debería pagar un máximo de 8 euros al mes por su medicación. Sin embargo, su tratamiento, después de la desfinanciación de la ministra, le cuesta entre 60 y 80 euros al mes. Y en los últimos seis meses, denuncia, la Administración sólo le ha devuelto 24 euros. «He tenido que pedir dinero para poder medicarme porque mi familia y yo no podemos asumirlo», lamenta. Su padre, de 55 años, está «a punto de quedarse en la calle»; su madre, jubilada, padece fibromialgia; y su abuela, el cuarto miembro de la familia, es también dependiente.
En su caso, al copago en la medicación se suma también el transporte que necesita para acudir a su hospital de referencia, a 20 kilómetros de su localidad. «A mí me han destrozado la vida, tienen que verme seis especialistas cada poco tiempo y la gasolina del coche también hay que pagarla», declara.
Cuatro grupos de riesgo
A las organizaciones ya citadas se suman otras que atienden cada día a personas vulnerables cuyos derechos, denuncian, han sido vulnerados por la reforma sanitaria de Mato. Es el caso de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (Cesida) o Médicos del Mundo (MdM), que advierten de los peligros que conlleva recortar el acceso a Sanidad. «Quien se ha quedado sin derecho a la asistencia o a obtener recetas y no sabe a dónde acudir para que le ayuden se queda en su casa sin tomar la medicación que necesitan para el VIH. Y las consecuencias de esto se verán en unos meses, cuando empiecen a aumentar los casos de Sida», aventura Miguel Tomás, coordinador del grupo de VIH Nexus, de Cogam, y vocal de Cesida.
El tratamiento para el VIH cuesta, según esta plataforma, entre 600 y 700 euros al mes. En el grupo que coordina Tomás acompañan a quienes se encuentran con trabas a la hora de financiarlo. «Una cosa son los logros que conseguimos con la gente que llega hasta nosotros; otra cosa es lo que no nos llega«, lamenta. «Por suerte -reconoce- hay muchos médicos objetores que ven a sus pacientes igualmente, pero hasta ellos tienen dificultades para poder extender recetas o hacer unos análisis si sus pacientes no tienen tarjeta sanitaria».
Desde Médicos del Mundo, Carlos Borrachero relata que, en la Comunidad de Madrid, existen «cuatro grupos de riesgo»: «las personas que se quedan fuera del sistema público, según el Real Decreto; las personas que sí tienen derecho por ley, pero tienen problemas para ser atendidas o para acceder a su medicación; y las personas que llegan a urgencias y, en ocasiones, se les niega la atención y, en otras, se les factura la visita», detalla. Asimismo, especifica que dicha factura no se les llega a cobrar en la mayoría de los casos, pero, entonces «¿para qué hacerla?», se preguntan en la ONG.
En general, todos los grupos citados pueden englobarse en uno solo: el de los inmigrantes irregulares. Los sin papeles, por orden de la ministra, perdieron su tarjeta sanitaria y, salvo en casos de urgencias o embarazo, ya no pueden acudir al médico de forma gratuita.
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